Lo malo de esto es que una persona de origen extranjero no puede sencillamente mudarse a Estados Unidos, aun si lo invita un patrón. Ello constituye una violación de las leyes de inmigración. La ley permite la emisión cada año de una cantidad limitada de visas especiales, que se designan H-1B (con vigencia de hasta seis años), pero la demanda de empleados es mayor que el número de visas. Una vez que se llegue al lìmite, las empresas no podrán contratar a más empleados del extranjero.

Asì sucede en este paìs, al que el famoso periodista H.L. Mencken llamó, "la tierra de la libertad en teorìa."

El asunto ha llamado la atención de algunos congresistas, pero todos ellos, a la manera tìpica de Washington, andan con rodeos. Tanto el proyecto de ley como la oposición, presentan un cuadro fiel de lo que sucede con el Estado, ahora que "ha terminado la època del Estado todopoderoso."

El Senador Spencer Abraham (republicano de Michigan), que preside sobre el Subcomitè de Inmigración del Senado, preparó un proyecto de ley para incrementar el número de visas H-1B que pudieran emitirse durante los próximos cinco años. Designado el Acto para la Competencia Americana, ya ha saltado la valla del Comitè Judicial del Senado.

Es algo tan tìpico de Washington. Se propone tratar un problema, que claramente ha sido causado por la violación de la libertad individual, con un proyecto de ley que tambièn viola la libertad invididual, y además aumenta el grado de dirigismo social. El hecho que permite a unos cuantos trabajadores extranjeros más a entrar al paìs, no lo hace menos dirigista que la ley actual. El ser humano que por casualidad haya nacido al otro lado de una lìnea polìtica arbitraria, todavìa tiene que pedir permiso al gobierno estadounidense para poder aceptar la plaza de empleo que le han ofrecido.

De hecho, dado que el autor anticipó verse con oposición, el proyecto es más dirigista aun que la ley actual. El Presidente Clinton está en contra, y tambièn los sindicatos, lo cual es raro porque los programadores de computadoras tìpicamente no pertenecen a los sindicatos. La actitud de la oposición es que las empresas norteamericanas solamente deberìan contratar a los norteamericanos; y si no pueden encontrar a norteamericanos capacitados para desempeñar las labores que se necesitan, el contribuyente deberìa subvencionar el entrenamiento.

El proyecto de ley tiene todo tipo de provisiones para apaciguar a la oposición. Por ejemplo, al cabo de cinco años la cantidad de visas volverìa al nivel actual. Tambièn autoriza el gasto de $50 millones (suma que podrìa crecer a $100 millones) para proporcionar 20.000 becas a los estudiantes de recursos modestos para estudiar matemáticas, ingenierìa e informática, además de $10 millones al año para entrenar a los norteamericanos desempleados en la alta tecnologìa.

Y eso no es todo. Hay una protección contra el paro involuntario para los trabajadores norteamericanos, que impondrìa a las empresas una multa de $25.000 por cada violación y las expulsarìa del programa, si sustituyeran a empleados norteamericanos o pagaran "muy poco" a los extranjeros. La multa es cinco veces mayor en el caso de violaciones intencionales, y el Departamento del Trabajo podrìa realizar investigaciones de violaciones pasadas aun sin que haya habido alguna queja al respecto.

Algunos de los que apoyan este proyecto de ley, lo hacen porque creen que es lo mejor que pueden sacar en esta època posterior al Estado todopoderoso. Asimismo, tanto la ley actual como el proyecto con el que se propone cambiarla, sólo tienen un nombre adecuado: el fascismo. Son leyes dignas de la Alemania o la Italia de los años 30.

¡Què atrevimiento del Estado, el de decirle a una empresa y a un ciudadano extranjero, que no pueden hacer negocio! ¿Basado en què, declara que alguien nacido en Estados Unidos tiene derecho a cierto empleo, en contra de los deseos de los que crearon ese empleo? El vulgar nacionalismo que sirve de base para la ley y el proyecto es, francamente, ¡antiamericano!

Podrìa señalar que si una empresa no puede conseguir a empleados capacitados en este paìs, bien podrìa decidir mudarse a otro paìs. Podrìa hacer observar que un Estado constitucional limitado no se mete en el entrenamiento de la mano de obra, ni subvenciona becas de enseñanza.

Pero no lo harè - porque quiero subrayar que la libre empresa, quiere decir libre empresa. ¿Hasta cuándo seguiremos engañándonos?

Sheldon Richman es socio acadèmico en la Fundación El Porvenir de la Libertad (The Future of Freedom Foundation), ubicada en Fairfax, estado de Virginia, y redactor de la revista The Freeman , editada por la Fundación Para el Estudio de Economìa.

Send to a friend